La minería colombiana es diversa y por años ha contribuido significativamente a la economía del país. Esmeraldas, oro y carbón, son algunas de las riquezas que un país como Colombia ha logrado explotar y exportar.
De algo podemos estar seguros y es de la rica biodiversidad que presenta un país como Colombia, especialmente en su suelo.
Son sus riquezas las que han atraído tanto a inversionistas nacionales como internacionales, aunque también ha generado desafíos significativos en términos de sostenibilidad ambiental y social.
Sin embargo, una nube gris se ha colocado encima de esta riqueza y es la minería ilegal, un negocio que día a día está devastando el medio ambiente y causando estragos en las comunidades locales.
No se puede desconocer que el envenenamiento de las aguas de los ríos afecta la salud de las personas que viven aledañas a las zonas de influencia de la explotación de minería. Algunas universidades en Colombia ya han entregado informes al gobierno sobre malformaciones, sin embargo es poco lo que las autoridades han podido hacer al respecto. Estudios indican que la ausencia de autoridad y control permiten que los grupos al margen de la ley sigan actuando en zonas donde se explote y contamine el subsuelo colombiano.
Un estudio del Instituto de Estudios Ambientales (IDEAM), revela que aproximadamente el 60% de la minería de oro en Colombia es ilegal. No existe ningún tipo de regulación ambiental, lo que provoca una destrucción masiva de ecosistemas frágiles, como los bosques tropicales y las cuencas hidrográficas.
El impacto ambiental de la minería ilegal es catastrófico. La deforestación, la contaminación de ríos con mercurio y otros químicos tóxicos, y la pérdida de biodiversidad son solo algunos de los efectos que podemos ver a simple vista. Otro de los informes que podemos analizar es el de la Universidad de los Andes que revela que, en regiones como Chocó y Antioquia, miles de hectáreas de selva han sido arrasadas para dar paso a minas ilegales, afectando la calidad del agua y la salud de las comunidades locales.
Otro estudio, elaborado por la Universidad Nacional de Colombia, la minería ilegal está directamente vinculada con el aumento de conflictos sociales y violaciones de derechos humanos en estas áreas. La minería ilegal ha provocado violencia, desplazamiento forzado y la ruptura de sus tejidos sociales entre comunidades indígenas y afrocolombianas que dependen de la tierra y los recursos naturales para su subsistencia.
El gobierno colombiano ha implementado leyes para combatir la minería ilegal, con el apoyo de operaciones militares y policiales han logrado el cierre de algunas minas ilegales, pero otras siguen operando. Según expertos, hace falta apoyo internacional, formalización de pequeños mineros y la promoción del turismo ecológico, especialmente en las zonas más afectadas.
Es importante reconocer que la minería ilegal no solo pone en peligro nuestro presente, sino también el futuro de nuestros hijos. Si continuamos permitiendo la destrucción de nuestros recursos naturales, estaremos entregando a las próximas generaciones un mundo desprovisto de riquezas naturales y una calidad de vida significativamente deteriorada. Si no tomamos medidas ahora, las consecuencias serán irreversibles.
@maite-burgos
